El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado viernes el decreto que da vía libre al Plan de Empleo Social con el que el gobierno regional pretende que ayuntamientos, empresas y ONG’s extremeños puedan contratar a 4.000 desempleados de larga duración que ya hayan agotado las prestaciones.
El plan cuenta con un presupuesto global de 24 millones de euros que serán aportados por la Junta de Extremadura y por las diputaciones provinciales, motivo por el cual el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, estuvo acompañado en la presentación del plan por la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y su homólogo de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Los contratos subvencionados tendrán una duración de 6 meses y podrán abarcar desde diciembre de este año hasta junio de 2016 y de junio a diciembre de 2016.
Fernández Vara explicó que de los fondos que se destinan al Plan (12 millones los aporta la Junta de Extremadura y las diputaciones, 6 millones cada una) el 80 por ciento irá destinado a los contratos que realicen los ayuntamientos y el 20 por ciento restante a los que hagan las ONG’s, pymes y empresas de economía social.
El presidente de la Junta manifestó que la intención del Ejecutivo es que este plan tenga “continuidad en el tiempo”, ya que, añadió, “las situaciones de los parados de larga duración no se van a resolver en un corto plazo”, y ha anunciado que se seguirá haciendo en los próximos años para llegar a más gente.
Apoyo de las diputaciones
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, señaló que es el presidente de la Junta de Extremadura “quien debe marcar las prioridades” y que las diputaciones deben “acompañar” al Ejecutivo regional en su labor de “mejorar la vida de la gente”.
Gallardo afirmó que la Diputación de Badajoz “está feliz” porque en los últimos cuatro años estuvo aislada en su lucha para hacer frente al problema del desempleo en los municipios de la provincia con planes como el “Revitaliza”, con el que se pretendía “minorar” esos problemas ante la falta de “políticas activas claras del entonces gobierno de Extremadura”.
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, resaltó la importancia de este plan, ya que, recordó, según los datos de la EPA conocidos ayer la provincia de Cáceres cuenta con 49.000 parados y de ellos un 45 por ciento no tiene ya ninguna prestación.
Cordero aseguró que con el Plan se pretende generar no sólo empleo, sino también confianza y justicia social, y subrayó el carácter social del plan, ya que, dijo, va dirigido a “la gente que peor lo está pasando” y que ha estado “excluida de las políticas de inclusión social”. En este sentido, destacó el papel que van a desempeñar los ayuntamientos y los servicios sociales de base.
