Ayer arrancó en la Asamblea de Extremadura el Debate sobre la Orientación de la Política General de Extremadura (un nombre que no puede ser más engorroso) y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, incluyó en su discurso de apertura algunas propuestas en el caso de que la Central Nuclear de Almaraz siga en funcionamiento más allá de 2020, o lo que es lo mismo: más allá de la vida útil para la que fue programada (40 años).
Esas propuestas dibujaban una disyuntiva, una opción entre dos peticiones. O bien Extremadura tendría que recibir de al menos 100 millones de euros anuales como consecuencia de un canon por la continuidad de la planta nuclear o bien las familias y empresas extremeñas, así como las administraciones públicas, pagarían un 20% menos en sus recibos de la luz, que se iría a un 30% en el caso de que las empresas estuvieran situadas en el entorno de la Central Nuclear de Almaraz.
El canon de al menos 100 millones (50 por reactor -Almaraz tiene dos-) tendría su origen en la energía producida en Extremadura y que no es consumida en la región. Sería una compensación por ser la región una región exportadora de energía que tiene una gran desequilibrio entre la que produce y la que consume.
Además, Fernández Vara señaló la necesidad de que la comarca de Campo Arañuelo empiece a ser favorecida por grandes proyectos de energías renovables para ir preparando su futuro.
